El Tribunal Superior de Justicia anula una sanción administrativa de 240.000.-€.
La Administración competente impuso una sanción de más de 240.000.-€ a una empresa por presunta explotación de rocas y áridos sin autorización, contra la que se interpuso el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo. En base a las pruebas practicadas y al argumento de la falta de alcance del Principio de Veracidad de las actas administrativas a los informes posteriores al acta de denuncia, el Tribunal acordó anular la sanción e impuso a la Administración la devolución del importe ya abonado con los intereses correspondientes.