PROBLEMÁTICA JUDICIAL EN RELACION A LAS ACTUACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO FRENTE A DISTINTOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA POR LOS TECNICOS CONTRATADOS AL AMPARO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA DIPUTACION.

PROBLEMÁTICA JUDICIAL EN RELACION A LAS ACTUACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO FRENTE A DISTINTOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA POR LOS TECNICOS CONTRATADOS AL AMPARO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA DIPUTACION.

La Diputación de valencia suscribió, hace décadas, Convenios de Colaboración con 16 Colegios Profesionales, a fin de que los Ayuntamientos de menor capacidad económica, de menos de 5.000 habitantes, que careciesen de personal técnico propio para ello, pudiesen atender las necesidades derivadas de las competencias de los mismos, mediante la contratación de arquitectos, aparejadores, ingenieros, topógrafos etc…

Dentro del marco legal que fijaban los referido Convenios, los Ayuntamientos que se acogiesen a los mismos formalizaban contratos de arrendamientos de servicios con los referidos profesionales, que prestaban sus servicios por un número determinado de horas a la semana (2, 4 u 8), distribuyéndose el pago de sus honorarios el propio Ayuntamiento interesado, la Diputación de Valencia y el Colegio Profesional al que el técnico estaba adscrito.

Inspección de Trabajo consideró hace años que las referidas contrataciones tenían carácter laboral por darse las dos notas propias de esta; dependencia y ajenidad, por lo que realizó actuaciones en dos Ayuntamientos exigiendo el alta de los técnicos en el Régimen general de la Seguridad Social y las cotizaciones no prescritas en el mismo. Los ayuntamientos negaron la existencia de relación laboral, lo que motivó la tramitación de dos procedimientos de oficio que finalizaron en sede de Suplicación por dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los años 2.009 y 2.010, que, estimando las alegaciones de las corporaciones locales, consideraron que las relaciones no tenían carácter laboral.

Sin embargo, y en base a cambios de criterio en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que entendían de aplicación, Inspección de Trabajo volvió a realizar en el año 2.016 actuaciones de comprobación en al menos 251 Ayuntamientos de la provincia de Valencia, a resultas de las cuales estimaba que la totalidad de técnicos contratados al amparo de las Convenios suscritos entre la Diputación de Valencia y los distintos Colegios Profesionales, debían ser considerados trabajadores a tiempo parcial, con carácter laboral, procediendo en consecuencia realizar las oportunas altas y cotizaciones a la Seguridad Social.

Pues bien, nuevamente los distintos Ayuntamientos afectados presentaron alegaciones a las actas de Inspección, en las que, en síntesis, se negaba que las relaciones con los técnicos contratados tuvieran carácter laboral, al faltar las notas propias antedichas. Como consecuencia de ello se siguen multitud de procedimientos ante los Juzgados de lo Social de Valencia, en lo que se están dictando Sentencias de fallos contradictorios, ya que algunas ( mayormente las dictadas por dos jueces de adscripción territorial) consideran que las relaciones son propias del derecho del trabajo, mientras que otras (mayormente dictadas por jueces titulares de lo social) consideran que las relaciones son de arrendamientos de servicios, y por tanto ajenas al mundo laboral.

Hasta el momento, en todos los recursos que se han ido presentando contra las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social, sólo han recaído dos nuevos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la primera de ellas, de 22 de Junio de 2.017, Recurso de Suplicación 924/2.017, seguida en materia de despido, entiende que la relación que unía al técnico con el Ayuntamiento no tenía carácter laboral, siguiendo el criterio que la propia sala había fijado en sus resoluciones del año 2.009 y 2.010.

Por el contrario en la segunda Sentencia, de fecha 6 de julio de 2.017 (Recurso 1.019/2.017) la misma Sala de lo Social, también en procedimiento de despido, estima que la relación de otro técnico contratado por el mismo Ayuntamiento sí tenía carácter laboral, obligando a la corporación municipal a indemnizar al trabajador o readmitirlo, modificando con ello el criterio mantenido por el órgano jurisdiccional hasta la fecha.

Pese a que estas dos últimas Sentencias han sido dictadas en procedimientos de despido (iniciados por reclamaciones de los técnicos afectados), y no de oficio, los antecedentes de las mismas son los mismos; la contratación de técnicos por los Ayuntamientos al amparo de los Convenios suscritos por la Diputación y los distintos Colegios Profesionales y la naturaleza laboral o no de las mismas.

Ante la disparidad de las resoluciones dictadas habrá de ser el Tribunal Supremo, en sede de los oportunos Recursos de Casación para la unificación de doctrina, quien fije el criterio sobre la licitud de las contrataciones efectuadas, sin perjuicio de que, en cada caso analizado, habrá que atender a las concretas circunstancias en que los servicios se prestaban ( horario, propiedad de los medios de trabajo, existencia de organización empresarial propia y un largo etcétera) para determinar en definitiva si la relación tiene o no carácter laboral, con las importantes consecuencias derivadas de ello en relación a las cotizaciones a efectuar en su caso a la Seguridad Social y los derechos laborales adquiridos en su caso por los trabajadores.

De momento la incertidumbre e inseguridad jurídica derivada sobre la materia es completa.

 

DECLARACION DE NULIDAD DEL DESPIDO DE UN TRABAJADOR EN SITUACION DE BAJA DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO

En recientes fechas el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona ha dictado una importante Sentencia, que revisa el criterio jurisprudencial sobre la materia mantenido hasta la fecha, tanto por el Tribunal Supremo como por los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

En efecto, hasta el momento el despido de un trabajador en situación de baja, de no acreditarse la existencia de causa para el mismo, era considerado IMPROCEDENTE, correspondiendo a la empresa en consecuencia – salvo excepciones – optar bien por la indemnización prevista legalmente (Art. 56 del estatuto de los Trabajadores) o bien por la readmisión del mismo en su puesto de trabajo y funciones.

Sin embargo, la Sentencia dictada por el Juzgado que es objeto de análisis, concluye que el despido del trabajador en situación de baja debe de considerarse NULO con los importantísimos efectos que de ello se derivan;

1.-) La readmisión del trabajador en su puesto de trabajo es obligatoria para la empresa.

2.-) Además la empresa deberá de abonar los salarios de tramitación del trabajador desde la fecha del despido hasta la de la notificación de la Sentencia que declara la improcedencia del mismo.

3.-) La condena de la empresa a satisfacer al trabajador una indemnización añadida por los daños materiales y morales causados por la discriminación.

Para llegar a dicha resolución el Juzgado de lo Social planteó una cuestión prejudicial, que fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el 1 de diciembre de 2.016. Con base en la misma, se estima que el despido vulneró los derechos fundamentales del trabajador, por los menos en aquellos supuestos en que, a la fecha del despido, pueda presumirse que la incapacidad del trabajador tendrá carácter duradero.

Si tal es el caso, y la baja del empleado va a prolongarse presumiblemente por un periodo de tiempo que convierta el alta en no previsible o inmediata, la resolución considera que el despido del operario podría vulnerar el principio de igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la salud y a la integridad física, el derecho de acceso al trabajo y a las prestaciones de la Seguridad Social, todos ellos objeto de protección en la carta de derechos fundamentales de la Unión europea.

Es lógicamente necesario para ello que la causa del despido sea la propia situación de discapacidad del despedido, entendida esta como aquella incapacidad temporal que no va a ser objeto de alta en un plazo breve, que se equipara a una discapacidad o limitación duradera a los efectos previstos en la Directiva 2.000/78.